Los medios y la transición democrática en Centroamérica

Los medios y la transición democrática en Centroamérica

Por Edgar Gutiérrez

Edgar Gutiérrez es actualmente Secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia de Guatemala, en esa calidad ha trabajado propuestas de ley orientadas a ampliar el acceso del público a la información oficial y empresarial, así como democratizar el acceso a las frecuencias de radio y televisión en Guatemala. Hasta 1999 fue editor de el Periódico de Guatemala y durante más de diez años columnista invitado en periódicos y revistas de América Latina y Europa.

Para nadie es un secreto que la democracia en América Latina pasa por un mal momento, que algunos expertos identifican como de ‘etapa terminal' o ‘agotamiento de modelo'. Argentina y Colombia, con sus acentos propios de ingobernabilidad crónica - y recientemente aguda - probablemente sólo sean la punta del iceberg.

Centroamérica, a pesar de la continuidad de las prácticas electorales de los últimos quince años, el goce de libertades públicas y la existencia de instituciones representativas, también deja asomar la insatisfacción creciente de las poblaciones porque sus demandas básicas de mejoramiento del nivel de vida y de seguridad no resultan satisfechas bajo el régimen democrático. El deterioro económico de la mayoría de la población y la inseguridad pública encabezan una larga lista de quejas ciudadanas que el poder político no ha sido capaz de procesar adecuadamente.

Mucha gente se pregunta ¿qué diferencia hay entre la democracia y la dictadura, si seguimos igualmente pobres y nuestras expectativas de vida están nubladas por la inseguridad laboral, de alimentos, educación y vivienda? Quizá de las pocas respuestas positivas que se pueden dar es el cese de la violencia política, y el ejercicio extendido de derechos civiles y políticos, donde la libertad de expresión es uno de los más preciados. Con todo, esa sigue siendo una pregunta demasiado seria para democracias tan jóvenes, que han venido acompañadas de la atención de una parte importante de la comunidad internacional y de financiamiento para procesos de reconstrucción material e institucional, tras prolongadas y sangrientas guerras civiles.

La añoranza en ciertos círculos por la manu militari no refleja precisamente que las tendencias autoritarias estén aflorando en la región, como en el pasado. Aunque es temprano decirlo, pero ni siquiera después de la declaratoria de guerra de los Estados Unidos y sus principales aliados contra el terrorismo internacional, el pasado 11 de Septiembre, se nota el deseo de los militares de volver a funciones de gestión política, no obstante que sus presupuestos están aumentando y que se les llama a ocupar funciones de seguridad pública, ante la falta de políticas sostenidas de fortalecimiento de estructuras civiles - que, en consecuencia, exhiben una preocupante inmadurez - y el rotundo pragmatismo de algunas potencias de acudir a ‘lo que hay'.

Con todo, la crisis más notable y profunda que enfrenta la región es la del colapso del modelo económico, especialmente en el agro, donde ocurre el requebrajamiento de los latifundios y, consecuentemente, el desfunde de los minifundios. Sin embargo la relación de fuerzas políticas no da de sí para la implantación y articulación de otro sistema agrario que ofrezca condiciones flexibles de incorporación de la mayoría de la población ahora excluida y cada vez más empobrecida.

En definitiva, ante la falta de respuestas a estos complejos problemas, las instituciones del Estado y los propios partidos políticos han acumulado un notable desprestigio, que se expresa en un malestar sotto voce generalizado. La democracia en esta región del planeta no ha superado el test de la eficacia y la transparencia. El régimen político no es capaz de procesar las demandas sociales, en tanto que los escándalos de corrupción estallan con una frecuencia alarmante.

Es así que los medios de comunicación, junto con algunas instituciones de poder moral, como las Iglesias, aparecen en las encuestas con los mayores índices de credibilidad del público. En efecto, los medios han jugado un papel fundamental al poner en evidencia el aislamiento de los partidos, la infuncionalidad de las instituciones y la corrupción de funcionarios públicos. Ese papel crítico ha contribuido muchas veces a quitar la venda de los ojos del público, y ha ejercido presión sobre los fiscales y los jueces para encauzar investigaciones serias y sancionar a los responsables de actos criminales.

No siempre los resultados han sido los esperados, y es esto lo que acrecienta el desprestigio en las autoridades, aumenta el malestar de la gente y genera actitudes escépticas y hasta cínicas en uno y otro lado. Así, prevalece una percepción de impunidad ante los actos criminales, la corrupción y los hechos de violaciones de los derechos humanos. Los casos que la justicia resuelve y en los que los gobernantes muestran voluntad política para que sean esclarecidos, resultan excepcionales.

A la vez los medios, en términos generales, se han ido profesionalizando a nivel periodístico y se han modernizado en el plano gerencial para poder sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

Democracia limitada y límites de los medios
Las preguntas sobre el papel de los medios, en este contexto, giran en torno a por lo menos dos asuntos: ¿Cuáles son los límites de actuación de los medios y su funcionalidad para el desarrollo democrático? ¿Qué requieren los medios para contribuir a darle un segundo aire a la democracia en la región, ampliando los términos dominantes del debate actual y permitiendo el acceso de nuevos emisores de información y de opinión y, por lo tanto, de nuevos públicos?

No son preguntas fáciles y quizás ni siquiera están en la agenda de la mayoría de los medios en la región. El hecho es que ante la debilidad e infuncionalidad de los poderes institucionales del Estado, los medios, igual que los empresarios, se han convertido en contra poderes fácticos ante la mirada impasible de los partidos. Y algunas veces tienden a sustituir el papel de ciertas instituciones de la democracia representativa.

Hace algunos meses, desde las páginas editoriales del diario La Jornada, Soledad Loaeza, escritora y periodista mexicana, llamaba la atención sobre las prácticas de algunos medios convocando a su auditorio a ejercer su veredicto sobre la actuación de ciertos funcionarios. Ella ponía como ejemplo el caso de una ex Regente del Distrito Federal que había sido condenada por los lectores de un diario por presunta responsabilidad en un dudoso acto administrativo que se ventilaba en los tribunales. Nosotros, lectores no bien informados de los procesos y sin ser conocedores de las leyes ni los procedimientos, somos llamados a fungir como jurados y a emitir sentencia pública de facto, reflexionaba Loaeza. ¿Es esta una función explícita de la prensa y de los lectores? Se preguntaba ella.

En Guatemala, a fines del año 2001, un diario invitó inusualmente a sus lectores a elegir al ‘personaje del año' entre una decena de candidatos sugeridos por el mismo medio. Los editores tuvieron que descartar una buena cantidad de votos que provenían del mismo teléfono, pero aún así el método reflejó sesgos y distorsiones tan serios, o más, que los comicios electorales generales.

Al final, el ‘personaje del año' fue un dirigente empresarial que cinco meses atrás había llamado a un paro patronal para oponerse a una reforma fiscal, y que insinuaba que había que hacer caer al gobierno de turno; mientras en la lista de candidatos del diario un destacado poeta maya, una célebre defensora de los derechos humanos y dos rectores de universidades que han promovido un acuerdo nacional a fin de encontrar salidas a los graves problemas de la democracia en este país - ninguno de los cuales había solicitado formar parte de ese listado - quedaban visiblemente a la cola de las votaciones.

Más de algún amigo me confesó haber recibido llamadas exhortándolos a votar por el candidato empresario. Así de desigual fue la lucha del ‘personaje del año' que algunos contendientes ni siquiera llegaron a enterarse de que participaban. Pero al público le quedó la imagen que esta vez el diario acudía a una consulta popular - a la usanza de las democracias maduras - y no espulgaba en su propio y arbitrario criterio.

No creo que sea muy saludable la idea de que los medios, en su afán de promover la participación del público y validar ciertas hipótesis editoriales, acuda al establecimiento de ‘urnas virtuales', pues esto no resuelve un problema de fondo de la democracia, como es la escasez de mecanismos reales de auditoría social, participación y decisión en distintos niveles territoriales, sobre todo, pero también sectoriales y temáticos.

Digo esto en una región que sufre de macrocefalia, altos índices de analfabetismo y bajo nivel de consumo general. O sea, en vez de contribuir a resolver las limitaciones estructurales de la democracia, a veces los medios le hacen el juego a la frivolidad de la política generando una suerte de ‘mediocracia'.

Frente a la crítica algunos medios argumentan su necesaria función contralora y su irrenunciable postura crítica a fin de enmendar la plana al Estado, obligando a los funcionarios a introducir correctivos y a asumir activamente sus responsabilidades. No hay duda que los medios juegan positivamente ese papel contralor, y deben seguir ejerciéndolo. Resulta a estas alturas inimaginable la existencia de procesos democráticos en Centroamérica sin unos medios críticos y sin que ejerzan plenamente un periodismo autónomo y plural.

Pero la pregunta sobre los límites y procedimientos de los medios para democratizar nuestras sociedades, sigue en pie. Quizás porque los medios en Centroamérica encierran una contradicción que comienza a aparecer como una limitación en su acompañamiento de la democracia.

En un estudio publicado a finales del año pasado, titulado "El turno de los medios: el periodismo centroamericano frente a la agenda de democratización", el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro afirmaba que ‘los medios empoderan a los ciudadanos, pero también pueden restringir el potencial del desarrollo democrático.'

No tengo a la mano instrumentos teóricos para analizar esta afirmación, pero sí traigo a colación el tema de la propiedad de los medios. En Guatemala un único consorcio controla los cuatro canales de televisión abierta; tres grupos empresariales tienen la concesión de más del 90 por cientos de las frecuencias de radio, y dos corporaciones más son propietarios de los cinco periódicos más influyentes. Esta tendencia de alta concentración de la propiedad, con algunas variantes, se replica en otros países del área.

La alta concentración de la propiedad de los medios expone una dicotomía que abre riesgos a la agenda democratizadora de los medios. Y es que su función como instituciones de servicio público no siempre es compatible con su carácter comercial.

No se trata para nada de una acusación ni de restar el alto crédito que tienen los medios ante el público. El razonamiento es muy sencillo: los medios tienen un límite de acompañamiento de la democracia en tanto que son reflejo de la estructura social y de propiedad del país en que se desempeñan, y mientras no ejerzan su lógica - que es su lenguaje - de medios de información democrática - que es la democracia que los hace florecer - y subordinen los intereses comerciales que, por definición, van a ser oligopólicos y, por tanto, no democráticos.

En todo este asunto hay una variable no analizada hasta ahora. Ocurre que la fiscalización de los medios tiene que ver sobre una relación asimétrica de fuerzas entre el poder político que se ejerce, circunscritamente, en espacios nacionales, y el poder económico que se aplica en extendidos espacios transnacionales y mundiales. Y justamente la naturaleza desequilibrante de la globalización, de la cual somos más conscientes después del 11 de Septiembre de 2001, tiene que ver con la ausencia de contrapoderes políticos, sociales e informativos institucionalizados. Es decir, con la falta de reglas del juego globales que así como nos permiten hablar hoy día de una política comercial o financiera globales, también nos deberían autorizar a hablar de políticas de equidad, empleo, salud, ambiente, migración etc. como políticas igualmente globales.

La interrogación de los medios
¿Dónde está ese espacio de democratización global, de encuentro de la ancha avenida de la sociedad civil - que incluye a los medios de comunicación - con gobiernos vistos y percibidos como los villanos locales, con agendas económicas concertadas transnacional y globalmente?

Al respecto, debo enfatizar lo antes dicho: los medios en Centroamérica han ensanchado espacios de participación ciudadana. La prensa, la televisión y la radio abrieron sus páginas y espacios de opinión a diferentes corrientes ideológicas, sobre todo después de clausurados los conflictos armados internos. Los medios, sobre todo los periódicos, han desarrollado un oficio investigativo, pero han censurado sus pesquisas a temas que afectan a los intereses privados - que por grandes y monopólicos, y porque afectan otros intereses sociales, tienen trascendencia pública.

Como he anotado, la naturaleza de las empresas de comunicación en la región centroamericana oscila entre la empresa familiar y las grandes y medianas corporaciones, predominando en ambas una marcada tendencia hacia la concentración de la propiedad. Además existe una relación directa entre competencia económica y mayor oferta comunicacional, que ha impulsado la innovación en la calidad del producto que presentan, especialmente durante la última década. Esto ocurre con particular énfasis en los diarios y la radio. La dinámica de la televisión es diferente.

La innovación en los medios ha permitido la existencia del periodismo investigativo - cuyo aporte es cualitativo al conocimiento de la realidad sociopolítica; además, el pluralismo de opiniones en los diarios y la radio le ha dado un sentido de inclusión ideológica a estos medios. Sin embargo la utilización de la diversidad de fuentes informativas, si quiero sugerir que es amplia la gama de quienes proveen la información, es todavía una limitación seria de los medios. Quiero decir que en la mayoría de los casos son pocas las fuentes y limitados los actores consultados para toda clase de temas.

Todo esto nos lleva al interés y posibilidades de los diferentes sectores para incidir en la agenda de los medios. Para empezar debe admitirse que la llamada sociedad civil ‘progresista' tiene poca influencia per se en los medios. Básicamente depende de su funcionalidad o coincidencia de agenda con los propietarios o sus inspiradores. Además, existe poco empeño o confianza en la promoción de medios alternativos que promuevan su trabajo y sus resultados.

En Guatemala es útil comentar el caso de las comunidades indígenas, en las que además del limitado acceso a los medios de comunicación en idioma español existe la gran barrera de falta de medios en idiomas mayas; además la escasez de periodistas entrenados profesionalmente para trabajar el bilingüismo.

Si bien es cierto la brecha comunicacional es grande y la mayoría de los medios están concebidos para públicos en lengua española, hay que reconocer que este es el único país de la región que ha intentado poner en práctica una política de comunicación. Se puede rescatar la labor de instituciones que trabajan en la construcción y capacitación de redes de periodistas para el desarrollo, y que han enseñado técnicas de trabajo en varios idiomas.

Otro aspecto importante de abordar es el de las radios comunitarias. En la experiencia salvadoreña, la Asociación de radios y programas participativos de El Salvador ha jugado un papel esencial. En Guatemala, estas radios están buscando su reconocimiento legal a través de una ley del Congreso y la identificación de frecuencias radios y de televisión por cable.

Un último tema, poco discutido en la región, es el de la rendición de cuentas de los medios. Y es que no se puede hablar del papel de los medios de comunicación frente a la agenda de democratización si no se realiza un esfuerzo de reflexión sobre la responsabilidad de los propios medios para lograrla.

Este debería de ser, en aras al crecimiento democrático de los medios, un centro de debate en Centroamérica. El debate público sobre el papel de los medios significa la ampliación de espacios permanentes para discutir sobre sus significados e impactos, no sólo entre especialistas sino dejando abiertos los temas al público. Quiero decir, es fundamental promover mecanismos de fiscalización en los propios medios.

Quizás esta sea una forma para renovar la vigorosa energía que los medios han transmitido a la democracia en Centroamérica, y un indicador real de su nivel de apertura para dar calidad, eficacia y transparencia a los alicaídos procesos democráticos en la región.

Fuente: Página web de la Agencia Mundial para el desarrollo de la Comunicación Cristiana (WACC)

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Maria Teresa Aguirre
Coordinardora Regional para El Caribe y América Latina
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